Análisis Jurisprudencial sobre Derecho Ambiental

Análisis Jurisprudencial
Sentencia: http://falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2009/febrero/593-25-IP01-P-2009-000207-S-N.html
- Partes:
Actora: Abogada Liliana Antonieta Rondón Cárdenas, Fiscal Auxiliar Décima Cuarta del Ministerio Público con Competencia Integral del Ambiente y Delito Ambiental de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón.
Acusado: Finca Las Lijitas, propiedad de Mario Jesús Pineda y Jesús Antonio Gutiérrez Gutiérrez.
Órgano accionado: Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.
- Petitorium:
La abogada Liliana Rondón presenta una solicitud, ante el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, mediante la cual pide que se imponga una Medida Judicial Precautelativa de Carácter Ambiental Urgente a la Finca Las Lijitas por obstrucción del cauce natural de una quebrada en el Sector Las Guarataro del Municipio Federación del Estado Falcón.
- Parte Motiva:
El juzgado evalúa la solicitud y entiende que la medida está orientada a la prevención de posibles daños que puede sufrir el medio ambiente y las personas, así como los que ya se han producido y pueden detenerse. Siguiendo las normas constitucionales, tratados y pactos suscritos y ratificados por Venezuela, se tiene claro que el Ambiente es considerado un Derecho Humano que amerita protección.
El artículo 127 de la C.N expresa que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, seguro y equilibrado ecológicamente, por su parte la Ley Penal del Ambiente conceptualiza el ambiente como una totalidad interdependiente que permite el desarrollo de la vida.
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 551 dice que se adoptarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relacionadas a las medidas preventivas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, se aplicaran en materia penal. Así mismo el artículo 588 autoriza al Juez para decretar medidas como embargos de bienes muebles, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, además de las medidas necesarias que aseguren la efectividad y el resultado de la medida decretada.
Aunado a esto se consigna un Informe Técnico de Inspección realizado por un funcionario adscrito al Ministerio de Ambiente, del cual se desprende que si existe un Dique construido sobre la quebrada de aproximadamente 2 metros, en las conclusiones de dicho informe se recomienda eliminar el dique para que el cauce de la quebrada tome su rumbo natural y también se recomienda iniciar el procedimiento peal y administrativo correspondiente al ciudadano Jesús Antonio Gutiérrez y Mario Jesús Pineda.
Se cita la sentencia N° 333 de fecha 14 de marzo del 2001, caso: Claudia Ramírez Trejo donde se establece que el juez penal puede dictar medidas judiciales precautelativas para evitar la consumación o expansión del delito que se investiga, en las fases preparatoria e intermedia.
También se cita la sentencia N° 812 del 23 de mayo de 2001, caso: Aurora Marcazzan de Bettiol, donde se señala el criterio de tener como norte el análisis de la necesidad y urgencia de evitar que ocurra un daño en el ambiente o cuando exista urgencia que no permita más dilación.
En virtud de lo establecido en el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente, el Juez puede adoptar de oficio o a solicitud de parte o del órgano administrativo denunciante, en cualquier estado o grado del proceso, las medidas precautelativas necesarias para eliminar el peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o evitar las consecuencias.
- Decisión:
El Juzgado declara procedente la solicitud que presentó la Fiscal y decreta la Medida Judicial Precautelativa Ambiental de Urgencia, suspendiendo la obstrucción del cauce natural a la Finca La Lijita.
Se comisiona a funcionarios adscritos al Comando Regional N° 4 del Destacamento N° 42 de la Guardia Nacional de Venezuela, para que haga efectiva la Medida Precautelativa de Paralización de la obstrucción de la Quebrada e igualmente efectuar la interrupción de cualquier actividad que haya dado origen al deterioro ambiental.
Se acuerda oficiar al Comandante del Destacamento N° 42, Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional, para que se asigne funcionarios que deberán estar atentos de mantener despejada la Zona Protectora en un mínimo de veinticinco (25) metros en ambos márgenes, para evitar posible obstrucción del cauce y alteración del flujo natural del agua y la sequedad del mismo.
Se ordena oficiar también, al Ministerio del ambiente y de los Recursos Naturales, a través de la Dirección Ambiental Falcón para que conjuntamente con el propietario de la Finca La Lijita hagan efectiva el retiro de forma manual de los sacos de arena de la zona protectora y la identificación de carteles informativos sobre la prohibición de obstruir el cauce natural de la quebrada denominada “La Lijita”.
Igualmente se acuerda oficiar al Comandante de la guardia Nacional Destacamento 42° Comando regional N° 4 y Funcionarios del ministerio del Ambiente la permanencia de la Medida Precautelativa decretada y el cumplimiento de la misma, y se sirvan remitir informes con sus respectivas reseñas fotográficas relacionado al cumplimiento mensual de la presente Medida Precautelativa Judicial.
Se ordena notificar sobre la presente decisión a los Ciudadanos: Jesús Antonio Gutiérrez, y al ciudadano: Mario Pineda Hernández, en su condición de propietario de la Finca “La Lijita”, inmueble este sobre la cual se esta solicitando la Medida Judicial Precautelativa de Carácter Ambiental.
Se acuerda notificar de la presente decisión a la Ciudadana Abg. Liliana Antonieta Rondón Cárdenas, en su condición de Fiscal Auxiliar Décima Cuarta del Ministerio Público con Competencia en Defensa Integral del Ambiente y delito Ambiental de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón.

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